Denegada la incapacidad permanente a una administrativa con un 48% de discapacidad

Denegada la incapacidad permanente a una administrativa con un 48% de discapacidad

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha confirmado la denegación de la incapacidad permanente solicitada por una trabajadora administrativa de 42 años con un 48% de discapacidad, al considerar que las limitaciones derivadas de sus patologías no le impiden desempeñar su profesión habitual.

La trabajadora había permanecido en situación de incapacidad temporal durante 545 días y solicitó el reconocimiento de una incapacidad permanente. Sin embargo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) rechazó la petición, decisión que fue confirmada posteriormente por el juzgado de instancia y ahora por el tribunal.

Entre las patologías acreditadas figuraban un síndrome de espalda fallida con dolor lumbar crónico, limitaciones funcionales y un trastorno depresivo recurrente. No obstante, la Sala entiende que, pese a la existencia de estas dolencias, la trabajadora conserva capacidad suficiente para desarrollar las funciones propias de un puesto administrativo.

En relación con las limitaciones físicas, la sentencia señala que la afectada puede caminar, permanecer de pie y realizar una vida relativamente normalizada. Además, destaca que su puesto de trabajo no exige esfuerzos físicos importantes y permite alternar la postura sentada y de pie, por lo que las restricciones derivadas de su patología lumbar no resultan incompatibles con su actividad laboral.

Respecto a la patología psicológica, el tribunal concluye que los informes médicos no acreditan una afectación funcional de suficiente entidad como para impedir el desempeño de su profesión ni de otros trabajos con menor nivel de exigencia mental o responsabilidad.

Por todo ello, el TSJ confirma la resolución del INSS y la sentencia de primera instancia, al considerar que las dolencias de la trabajadora no alcanzan el grado necesario para reconocer una incapacidad permanente.

Si le han denegado una incapacidad permanente o considera que su estado de salud limita su capacidad para trabajar, es aconsejable contar con asesoramiento jurídico especializado para analizar su caso y valorar las posibles vías de reclamación.

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